Más lista de espera en las residencias públicas de Extremadura: 2.300 mayores solicitan cama

Las listas de espera para acceder a las residencias de mayores siguen creciendo en Extremadura. Más de 2.300 dependientes están en estos momentos a la espera de que el Sepad les asigne plaza en un centro público, un 10% más que en las mismas fechas de 2023 a pesar de que en el último año se han habilitado 213 nuevas camas financiadas por la Junta de Extremadura y 35 plazas más en centros de día. 

Una población cada vez más envejecida que hace aumentar año a año el déficit de camas públicas y los avances en la tramitación de la Ley de Dependencia son algunas de las causas que explican este nuevo incremento. También la pandemia, ya que el sistema aún no ha sido capaz de absorber el repunte registrado en las peticiones de ingreso tras el estancamiento en 2020 y 2021 a causa del covid. 

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, en estos momentos son 2.328 los expedientes abiertos en la lista de espera global para acceder a todos los centros con camas públicas, lo que supone un incremento del 10% con respecto a 2023 (228 solicitudes más). De esta cifra, 2.243 expedientes corresponden a personas en situación de dependencia que esperan plaza en una residencia de mayores, y 85 a usuarios en lista de espera para centros específicos de demencias.

Déficit de camas públicas

Extremadura cuenta con un total de 15.637 camas en residencias, de las que un 58% son públicas: unas 4.500 están conveniadas en centros municipales, más de 2.000 pertenecen al Sepad y el resto son concertadas con el sector privado.

Según el último informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, si se tienen en cuenta camas públicas y privadas, los recursos actuales serían suficientes para cubrir toda la demanda (la ratio es de 6,86 camas por cada cien mayores de 65 años, por encima de las 5 que recomienda la Organización Mundial de la Salud). Pero si se analizan solo las camas financiadas, pese a haberse habilitado 213 nuevas en 2023, la situación se torna en déficit: la ratio cae hasta 3,82, de ahí la lista de espera. 

El usuario puede solicitar el ingreso hasta en cuatro centros de su preferencia

Las camas públicas son las más demandadas. A ellas se accede a través de la Ley de Dependencia, que actualmente tiene una demora media de 10 meses en la tramitación de los expedientes. La persona solicita la valoración de su grado y si se le reconoce II (dependencia severa) o III (gran dependencia), se negocia el Plan Individual de Atención (PIA). En este plan la Administración ofrece el recurso de atención correspondiente a su situación, que puede ser un servicio o una ayuda.

 En el caso de aceptar el servicio residencial, el solicitante se incorpora a lista de espera, que se ordena por grado de dependencia y capacidad económica. Cuando la persona se encuentra en primera posición se oferta una vacante que se produzca en uno de los centros que haya solicitado, y en caso de aceptar se resuelve el ingreso en residencia. El usuario puede solicitar hasta cuatro centros según su preferencia, siempre centros con plazas públicas o concertadas. Una vez ingresado, puede igualmente solicitar su traslado a otro centro de la misma tipología.  

El coste anual de estas plazas, según la Junta «es difícil de calcular», ya que depende de varios factores y hay diversidad de centros, plantilla o servicios. Pero oscila entre los 20.000 y 23.000 euros anuales. De esta cuantía, el Sepad financia 13.000 euros (aproximadamente el 57% del total) y el resto se cubre con la aportación del usuario: se mueve entre el 65% y el 75% de los ingresos que perciba por todos los conceptos. 

Nuevos conciertos

En este contexto, la Asociación de Residencias de Extremadura (Asorex) ha solicitado a la Consejería de Salud y Política Social una revisión de los conciertos en las residencias de mayores para adaptar la aportación de la Junta al contexto actual de precios y avanzar en un nuevo modelo «en el que se compita por calidad». 

El presidente del colectivo, Juan Carlos Campón, explica que la sostenibilidad del sector en la región está «cada vez más comprometida» debido al aumento de los precios en cuestiones básicas como la alimentación o la energía, a lo que se suma un incremento retributivo del 16% tras la actualización de los convenios colectivos. 

El contrato actual, que abarca 1.160 plazas, se resolvió en 2021 y finaliza en 2025. Se puede prorrogar dos años más, pero Asorex ha pedido ya al Sepad que no lo haga. El colectivo que preside Campón aglutina a 22 empresas con 27 residencias, en su mayoría ubicadas en el ámbito rural, con 1.500 trabajadores (el 96% mujeres) y 3.000 camas. Gestionan el 82% de esas 1.160 plazas concertadas y aseguran que la aportación actual de la Junta es insuficiente: 47 euros por día, frente a los 66/68 que se considera el precio justo medio por plaza concertada (unos 2.000 euros al mes). 

Por ello, han puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar un nuevo modelo que se base «en la calidad de la atención». Así, en lugar de adjudicaciones, Asorex plantea a la Junta rubricar acuerdos marco o acreditar a los centros en base a su ubicación y «criterios de solvencia técnica»: años de experiencia, certificaciones, tecnología de las instalaciones, programas y servicios, formación de trabajadores, menús, código ético, planes de atención personalizada, actividades significativas o participación efectiva de residentes y familias. 

Todo ello, según Campón, debe servir para promover además la libre elección de centro por parte del usuario y que este tenga los servicios «que «realmente necesita y merece», cerca de su domicilio sí así lo desea.